Artículo puablicado por el Diario Montañés, por LUIS IGNACIO PARADA
Tal y como había anunciado varias veces, el Defensor del Pueblo ha llevado al Tribunal Constitucional un recurso contra el Estatuto catalán. Desde hace tiempo, Enrique Múgica sostiene que el texto contiene preceptos y expresiones que denotan indicios de inconstitucionalidad, en lo que se refiere a los derechos y libertades fundamentales. Como la defensa de esos derechos es, precisamente, la finalidad que determina la actuación de la institución que representa, su actuación no trata de enmendar competencias del Congreso ni del Parlamento de Cataluña sino garantizar la igualdad de todos los españoles en materias como la lengua, la soberanía y la administración de Justicia así como el derecho para poder recurrir ante el propio el Defensor en cuestiones referidas a competencias de la Generalitat, algo que el propio Estatuto adjudica al Sindic de Greuges, el defensor catalán.
Como era de esperar, la decisión de Múgica ha provocado una reacción fulminante de descalificaciones entre los dirigentes políticos catalanes que, muy probablemente desconocen el derecho y la obligación que el Defensor del Pueblo de hacer lo que ha hecho. Que José Montilla haya considerado que es una decisión profundamente equivocada no significa otra cosa que demostrar que pone los intereses de su partido y los de su candidatura a la presidencia de la Generalidad por encima de la del conjunto de los españoles, incluidos los catalanes. Parece lógico que CiU pida la comparecencia urgente del Defensor en el Parlamento. Pero no que ERC diga que se trata del «segundo afeitado» del texto ni que IC pida su dimisión por sectario. Justamente lo que no ha sido Múgica es sectario. Porque la misión del Defensor del Pueblo es ser el alto comisionado de las Cortes Generales al servicio de los ciudadanos. Precisamente para defender sus derechos y libertades frente a la actuación de cualquier Administración. Para eso está. Y ha demostrado que por encima de partidismos y conveniencias.
Tal y como había anunciado varias veces, el Defensor del Pueblo ha llevado al Tribunal Constitucional un recurso contra el Estatuto catalán. Desde hace tiempo, Enrique Múgica sostiene que el texto contiene preceptos y expresiones que denotan indicios de inconstitucionalidad, en lo que se refiere a los derechos y libertades fundamentales. Como la defensa de esos derechos es, precisamente, la finalidad que determina la actuación de la institución que representa, su actuación no trata de enmendar competencias del Congreso ni del Parlamento de Cataluña sino garantizar la igualdad de todos los españoles en materias como la lengua, la soberanía y la administración de Justicia así como el derecho para poder recurrir ante el propio el Defensor en cuestiones referidas a competencias de la Generalitat, algo que el propio Estatuto adjudica al Sindic de Greuges, el defensor catalán.
Como era de esperar, la decisión de Múgica ha provocado una reacción fulminante de descalificaciones entre los dirigentes políticos catalanes que, muy probablemente desconocen el derecho y la obligación que el Defensor del Pueblo de hacer lo que ha hecho. Que José Montilla haya considerado que es una decisión profundamente equivocada no significa otra cosa que demostrar que pone los intereses de su partido y los de su candidatura a la presidencia de la Generalidad por encima de la del conjunto de los españoles, incluidos los catalanes. Parece lógico que CiU pida la comparecencia urgente del Defensor en el Parlamento. Pero no que ERC diga que se trata del «segundo afeitado» del texto ni que IC pida su dimisión por sectario. Justamente lo que no ha sido Múgica es sectario. Porque la misión del Defensor del Pueblo es ser el alto comisionado de las Cortes Generales al servicio de los ciudadanos. Precisamente para defender sus derechos y libertades frente a la actuación de cualquier Administración. Para eso está. Y ha demostrado que por encima de partidismos y conveniencias.
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