LA IGUALDAD Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO

De penoso cabría calificar el artículo que ha publicado en 'El Diario Montañés' Matilde Ruiz, secretaria de la Mujer del PRC y diputada del Parlamento de Cantabria, con motivo de la opinión vertida por la magistrado María Jesús García Pérez, relativa a la violencia de género. 
Es difícil pensar que una diputada no entienda que el delito debe estar solamente diferenciado por causa de responsabilidad, es decir, que cuando alcanzas la mayoría de edad eres responsable de tus actos, seas mujer u hombre. Cabe pensar que esta diputa, al valorar en menor cuantía el delito cuando es cometido con una mujer, da un tratamiento peyorativo a la misma, ya que, ingenuamente, considera, bien que una mujer no es capaz de cometer un delito, o que por otro lado, no debe ser juzgada en igualdad de condiciones con el hombre por carecer de su misma responsabilidad.
En su artículo hace también alusión a trasnochadas, manidas y demagógicas acusaciones a una herencia cultural machista. Este tipo de acusaciones frecuentemente provienen de ambientes feministas, que solamente se diferencian de los machistas en que llevan incorporado el revanchismo, con lo que son más dañinos que el propio machismo.
Es lamentable que algunos ciudadanos nos veamos mejor representados socialmente por una magistrada que por una diputada electa democráticamente, por lo que en vez de solicitar la marcha de la magistrada, quizás sea ella la que tiene que marcharse. Solamente me queda la esperanza de que la diputada Matilde Ruiz haya llegado a su cargo producto de esa ley de relleno en la que las mujeres deben estar representadas en al menos un 40% de las listas, salvo en las localidades de menos de 5.000 habitantes, ya que si ha llegado por sus propio medios, ¿cómo serán las que han sido puestas de relleno?
Tal como era de esperar, esta imposición que pretendía proteger a las mujeres se ha vuelto en contra de ellas, ya que ahora surge la razonable duda de saber cuántas de las candidatas son por méritos propios y cuántas por el imperativo legal de tener que respetar unos porcentajes establecidos previamente.
Olvida esta diputada al Parlamento Cántabro que sus obligaciones democráticas deben ser las mismas a todos los miembros, y 'miembras' de esta sociedad, en igualdad de condiciones, protegiendo a los agredidos y sancionando a los agresores, sean del sexo, religión, condición económica, cultural o social que sean. ¿Merece menos pena una terrorista (solamente por el hecho de ser mujer) que un terrorista varón? ¿Tiene menos importancia una infracción de tráfico cometida por una mujer que por un hombre? A juicio de esta señora parece ser que sí, ya que probablemente tanto el terrorista como el conductor hayan crecido en una cultura patriarcal machista.
La violencia debe ser castigada en igualdad de condiciones. Actuar en contra es anticonstitucional, ya que se está haciendo una distinción en razón de sexo cuando la misma Constitución dice que todos los españoles debemos ser tratados igual anta le ley.
A. José Salas en Cartas al Director del Diario Montañés