Me ha causado sorpresa la contestación que a mi escrito del Diario Montañés del 12 de febrero, hace Dª Ana Isabel Méndez, Directora Gral. de la Mujer del Gobierno de Cantabria, donde, mientras maneja estadísticas y exige respeto para las víctimas por malos tratos, insinúa gratuitamente que opiniones como la mía frenan a estas en el camino de romper con la violencia.
Mi delito ha sido hacerme eco de las manifestaciones vertidas por algunos jueces a quienes preocupa no solamente el colapso de los legajos en los juzgados de instrucción, sino que también los inquieta la politización y la subordinación asociativa a los intereses partidistas del poder.
Hay quienes piensan que la Ley
Integral contra la Violencia de Género, para evitar los maltratos, ha socavado
radicalmente la presunción de inocencia (cualquier denuncia contra un
maltratador masculino es tramitada y aceptada ipso facto) y la igualdad
ante la ley, al considerar el maltrato contra las mujeres como un delito
específico, ajeno al genérico de violencia o de maltrato, fomentando la
desigualdad entre sexos mediante la aplicación del Código Penal a los varones.
Esta desigualdad puede llevar más violencia donde
antes no la había e incluso a hombres que han llegado al suicidio,
aunque lamentablemente esos datos no aparecen en las estadísticas oficiales.
Entiendo que estos jueces serán
conocedores de la problemática suscitada por esta ley, dado que viven
diariamente la aplicación práctica de la misma, no solamente desde la
perspectiva de la mujer, sino desde ambos lados de la vertiente.
Pienso que nunca el objetivo de
estos señores (ni el mío), es faltar a las víctimas, ni el frenarlas en el
camino a romper con la violencia, ni provocar un efecto de retraimiento de las
mismas, como demagógicamente se alega, sino que posiblemente hayan detectado
aspectos mejorables que puedan erradicar posibles lagunas que dificulten una
correcta aplicación de la ley.
Aprovecho la ocasión para animar a denunciar a toda
persona que sufra malos tratos, para erradicarlos de nuestra sociedad, en la convicción
de que serán respetados sus derechos constitucionales de igualdad
por motivo de religión, raza y condición aunque lamentablemente no de
sexo.
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