Cualquier legislación, y entre ellas la española, cubren todos los aspectos posibles de los ciudadanos, estando amparados por el Código Civil, Mercantil, Laboral, Penal, Canónico ….., y cuenta con unos jueces independientes que, tras valorar lo propuesto por las distintas partes en litigio, están capacitados para emitir un veredicto que, tratará de proteger a los ciudadanos de quienes por tener un mayor poder físico, económico, social o político pretendan imponer su voluntad sobre aquellos que no gocen de esa situación privilegiada, poniendo especial énfasis en salvaguardar los derechos de aquellos que por motivos de edad, enfermedad o defecto físico tengan mermadas sus facultades físicas o mentales.
Esta protección va incluso más allá de la vida, amparando también a los ciudadanos después de su fallecimiento, evitando bien que profanen su cuerpo, o que especulen con sus órganos.
¿Sería mucho pedir que estos mismos principios acompañasen también a los no nacidos? ¿Nos vamos a dejar llevar por una de las partes litigantes, sin tener en cuenta el lógico deseo de nacer de la parte más desprotegida, hecho que sucederá si nadie lo interrumpe? ¿Vamos a condenar a muerte a un sujeto pasivo inocente que está en este trance por la actitud de dos personas que tuvieron varias oportunidades (píldora anticonceptiva y/o preservativo, píldora del día después....) para haber evitado anteriormente esta situación y no lo hicieron? ¿No debiéramos recurrir a un arbitraje independiente? o ¿debemos sucumbir a la presión social de quienes esgrimen argumentos jurídicos del tipo: “en mi c… y en mi moño mando yo” como dijo en el mismísimo Congreso, una diputada por Amaiur, en un radical ataque de locuacidad feminista, carente de la más mínima preocupación empática?
José Salas, en Cartas al Director, de El Diario Montañés
Queda demostrado una vez más, que cualquier persona del pueblo tiene más argumentos, sensibilidad y sentido cumún que muchos políticos.
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