España es líder europeo en personas aforadas, cuyo enjuiciamiento corresponde a un tribunal superior. Cerca de 10.000 personas gozan de este tipo de protección jurídica: más de 7.000 jueces y fiscales, diputados nacionales y autonómicos, senadores, ejecutivos regionales, altos cargos de la administración del Estado y todo el Gobierno central. Mientras, en Portugal e Italia sólo está aforado el Presidente de la República, ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, respectivamente.
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