Es cierto, que la fábrica daba trabajo a muchas personas del Valle de Buelna y otros valles de los alrededores. Pero también, se preocupó de darles casas en las que vivir. Trabajo, vivienda y vida resuelta. Pero todo cambió con la guerra. La sociedad se dividió en dos bandos y en el Ayuntamiento de Los Corrales sucedió lo mismo. El Ayuntamiento siguió en el bando de la República y lógicamente la fábrica también.
Esto produjo la huida de los contrarios la Republica, algunos siguieron viviendo en el pueblo y adaptándose a la nueva situación, pero otros fueron detenidos. De estos son de los que hablaremos, según lo que se puede deducir de estas Actas.
Son frecuentes, las referencias que tenemos sobre las viviendas de la empresa, en las que viven las familias de obreros detenidos. Es un problema difícil resolución, aunque no siempre. Así el 26 de noviembre de 1936, se hace referencia a una casa habitada por alemanes, que pertenecía a la fábrica y que en ese momento, estaba abandonada. La decisión que se toma, fue avisar al juez, para que se proceda a incautar los muebles y posteriormente poner en arriendo la casa.
Pero no siempre es fácil. Lo primero, es establecer un listado nominal de todos los detenidos con casa propiedad de la fábrica, así como una relación de los nuevos demandantes de vivienda.
Ya en enero, se procede a nombrar la Comisión encargada de hacer la distribución de las casas habitadas por familiares de operarios detenidos. El día 7 de enero de 1937, se recibe una carta del Sindicato Metalúrgico Montañés de la localidad, en la que solicita, una relación de la distribución de las casas de los actualmente detenidos. Se acuerda enviarles esa relación. Pero la Comisión, también quiere resolver otros problemas.
El 14 de enero, se hace una consulta al Director General del Trabajo de la Provincia, preguntando si el personal que está actualmente detenido, tiene derecho a percibir la jubilación y si deben ser desalojados de las viviendas que ocupan, aunque sean propiedad de la industria. Seis días tarda en llegar la respuesta, y esta no será nada favorable para los detenidos y familiares. El desahucio de las casas-viviendas puede hacerse en un plazo no superior a un mes y respecto al pago de socorro para los que se encuentran detenidos, no procede abonárselo.
La situación es clara, y el alcalde del pueblo es contrario a los deseos de los familiares. Este va a solicitar una relación de las casas, propiedad de la industria, que habitan los familiares de los detenidos. Pero hay que esperar hasta finales de marzo, para que se autorice al Presidente del Comité Central, que de acuerdo con el representante de la Empresa, hable con los familiares de los detenidos, para que desalojen lo antes posible las casas que habitan y que no se les cobre más renta de la casas a hasta que no las desalojen. El cobro se realizará después de que entreguen las llaves.
En todo caso, la situación no se resolvió fácilmente. El 25 de mayo, viendo que el desahucio no avanza, se ve la necesidad de poner este asunto en manos de un procurador, proponiendo como tal a D. Wladimiro Villegas que aceptó el cargo, pues el 3 de junio se le autoriza para iniciar el proceso.
El 14 de julio de 1937, se dio cuenta, de la entrega al alcalde de las llaves de las casas desalquiladas propiedad de la industria.
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