A España le está llegando la hora de la verdad y tendrá que elegir entre conservar el actual sistema autonómico, ruinoso, injusto e insostenible, o suprimir las autonomías para salvar el sistema de pensiones y los servicios públicos básicos, sobre todo la educación y la sanidad.
El sistema autonómico español representa el modelo de Estado más costoso y despilfarrador de toda Europa y, probablemente, del mundo. Mantener a 17 gobiernos regionales, cada cual con sus parlamentos, consejerías, empresas públicas, instituciones y funcionando como reinos de taifas no es sostenible, ni siquiera para países tan ricos como Estados Unidos o Alemania. España ha podido hacerlo hasta ahora porque se ha endeudado hasta la médula, acumulando una deuda que se acerca al 150 por ciento de su PIB anual, pero los mercados no van a permitir que España siga endeudándose mucho más porque la deuda actual ya es impagable.
Por culpa de esa distribución autonómica, España es el país de Europa con más políticos a cargo del Estado, casi 500.000, más que Francia, Alemania e Inglaterra juntos, una locura que convierte en insostenible un Estado autonómico que, además, alimenta la corrupción, la desigualdad y el separatismo.
El sistema es insostenible a todas luces, pero los políticos, que han encontrado en las autonomías un sistema para multiplicar su poder, su dinero, sus privilegios y sus lujos, no quieren prescindir de la locura autonómica y están dispuestos a sacrificar antes el sistema de pensiones, ya casi arruinado por ellos.
El sistema autonómico cuesta a España unos 60.000 millones de euros suplementarios cada año, a los que hay que añadir el incremento general de los gastos producidos por 17 gobiernos en funcionamiento, la masa sobrante de políticos a sueldo y funcionarios que engulle el sistema y lo que nos cuesta la corrupción multiplicada que las autonomías producen. Los expertos creen que si las autonomías se suprimieran y el Estado adelgazara hasta alcanzar su dimensión racional, el ahorro anual sería de más de 100.000 millones de euros, una cantidad suficiente para asegurar el sistema de pensiones y mejorar notablemente servicios básicos como la sanidad y la educación, que también se están hundiendo como consecuencia del insostenible sistema autonómico.
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