La situación del país estaba siendo difícil de controlar. El presidente de la República, disuelve las Cortes el 7 de enero 1936 y convoca elecciones para los días 16 y 23 de febrero del mismo año. El resultado de las mismas va a ser la pérdida de poder por parte de los partidos conservadores, y el ascenso de los partidos de izquierda, unidos en el Frente Popular. El día 19 de febrero, sin haberse llevado a cabo la segunda vuelta del día 23, Manuel Azaña pasa a la formación de gobierno, que es el que va asumir las riendas de España, durante varios años.
A nivel municipal, los cambios van a ser más radicales. El día 20 de febrero se lleva a cabo la sesión de la Corporación, bajo la dirección del Alcalde Gerardo Aja Gómez y el resto de los concejales que la integran. El día 21 de febrero, por la tarde, se asiste a una sesión extraordinaria, bajo la presidencia del Alcalde José Fernández Díaz y una serie de nuevos concejales. Al parecer, por la mañana habían procedido a recobrar el cargo del que se les había desposeído, como consecuencia de la Revuelta de Octubre.
Estos, son los cambios políticos que se producen a nivel nacional y municipal. Pero ¿qué influencia tienen en el tema de los cementerios que, como hemos visto, suponen un papel importante durante de la República? La incautación de los cementerios, sigue estando presente. Un informe de dos abogados consultados, expresan que el ayuntamiento ha cumplido con lo que le corresponde; son los Párrocos, quienes como presuntos propietarios de los cementerios, deben de presentar justificación de dicha propiedad, y por tanto, lo único que hay que hacer es esperar a la presentación de dicha titulación. Otra opción sería continuar con el expediente, pero eso sería superar los deberes que le corresponden al Ayuntamiento. Lo mejor, esperar que el Secretario tome la decisión que crea conveniente. La decisión del Secretario es muy clara, son los presuntos dueños los que tienen que presentar la documentación necesaria que acredite su propiedad. Si esta documentación no se presenta, se le dará el plazo de seis meses desde el momento en que se publicó dicho Decreto, y si no lo hace, se informará al Gobernador Provincial, para que tome las medidas oportunas.
Llama la atención, que sea el Concejal González Quijano, quien está insistiendo en los últimos meses sobre el problema de las incautaciones de los cementerios, o la necesidad de colocar la placa en el cementerio de Los Corrales. Todo nos hace pensar, que sus ideas están cercanas a la izquierda. Pero, lo cierto es que, cuando el Frente Popular se hace con las riendas del poder en el municipio, el Sr. González Quijano desaparece.
En todo caso, a partir del mes de febrero de 1936, pocas son las referencias relacionadas con los cementerios, que vamos a encontrar en las Actas. Y ninguna, relacionada con la incautación de los mismos, por el gobierno municipal. A partir de este momento, las anotaciones que aparecen en la Actas, están ligadas al repuesto de las placas que aparecen en la entrada de los cementerios municipales; a la petición de parcelas de los vecinos para poder proceder al entierro de sus muertos; llevar a cabo la reparación de las paredes de los mismos o de los depósitos de cadáveres; en alguna ocasión se nos indica, el traslado del material necesario para la realización de autopsias de un cementerio a otro.
En el año 1937, los cementerios y su propiedad o sus arreglos, parece que ha desaparecido del todo de las prioridades de la comunidad. De hecho, apenas hay dos referencias relacionadas con el entierro de dos difuntos. Ahora, con la inestabilidad política, los problemas de la Corporación municipal van a ser otros. Hay que intentar solucionar la construcción de la carretera de Los Corrales a Collado, hay que resolver los problemas de alumbrado que se producen en determinadas zonas del pueblo, etc. Pero sin lugar a dudas, los problemas más graves van a estar relacionado con el conflicto armado, que surge entre los dos sectores del pueblo español. La escasez de alimentos, las cartillas de racionamiento, la llegada de refugiados de otras zonas de España, el temor a los bombardeos aéreos y la construcción de refugios, etc.
El 23 de agosto de 1937, el sector nacional entra en el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna. Es cierto, que la situación se va mantener en los cementerios del municipio. De hecho, la nueva Corporación, que controla el municipio en estos momentos, tomando las decisiones relacionadas con los cementerios. Así, en la sesión del 3 de noviembre de 1937, pocos meses después de haber accedido al control el pueblo, la Corporación, a petición del concejal Santiago Hinojal, “acuerda por unanimidad designar en el Cementerio de este pueblo, una parcela de terreno a perpetuidad para dar sepultura a todos los mártires de este Ayuntamiento que se encuentren fuera de él asesinados por el odio de sin Dios y sin Patria, y que dieron su vida y su sangre en servicio de la idea, y colocar en dicho lugar, en su día un panteón o lápida que se perpetúe la memoria de los mismos”.
Las cosas no van a cambiar mucho. Ambos combatientes siguen enfrentados, unos buscando acabar con la guerra con la destrucción de los restos del gobierno republicano y, los otros intentando poner freno, cosa ya imposible, al avance del gobierno del general Franco. Así todo, las cosas relacionadas con la secularización de los cementerios van a volver a la antigua situación en la que se encontraba antes de la llegada de la República.
El día 20 de diciembre de 1938, se publica en el BOE, la Ley del 10 de diciembre del mismo año. Esta Ley es muy corta y muy concisa. Se compone de 7 Capítulos, el primero de los cuales dice lo siguiente: “Queda derogada la Ley de treinta de enero de mil novecientos treinta y dos sobre Cementerios Municipales, y cuantas disposiciones complementarias se hubiesen dictado para su ejecución”. A partir de este momento se vuelvan a introducir las tapias en los cementerios dividiendo las zonas religiosas y las civiles; se devuelve la propiedad de los cementerios incautados a la Iglesia y a las parroquias; sobre los cementerios católicos solo se puede ejercer la Autoridad Eclesiástica; todo los signos que apareciesen en los cementerios o las tumbas no relacionados con la religión católica debían desaparecer, tal como lo conocernos en la actualidad.
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