Erika dice que quiere mucho, mucho, hasta la locura, a Santiago, el padre de su hija. Pero que no le gustaba que la “jaloneara”, como estaba haciendo cada vez más, y un día lo denunció a la policía. El muchacho maltratador, de 20 años entró, a la espera de juicio, en la cárcel de Topo Chico, en Monterrey, donde recientemente hubo un motín con decenas de muertos por luchas entre bandas rivales. Fue confinado en un “área de observación”, antes de ser destinado a un módulo concreto. Los narcos estudiaron la calidad de su dentadura, la marca de las zapatillas puestas, los jirones de los pantalones, y llegaron a la conclusión de que era un espécimen con cierto potencial económico. Le comunicaron a su familia que debía pagar 6.000 dólares (unos 5.400 euros) de cuota de ingreso, como si se tratara de una de las universidades más caras de México. De lo contrario lo podían asesinar nada más poner un pie en el patio.
Elizabeth, de 37 años, vive un calvario desde que detuvieran a su hijo hace seis meses. Vendió la casa en la que vivía y todos los muebles que había dentro por unos 3.000 dólares, y los otros 3.000 que le exigían las mafias carcelarias los reunió a base de préstamos de parientes y, lo que es peor, de créditos de usureros. “Estoy ahogada”, dice. En parte porque esa primera cantidad era solo por el ingreso, y ahora paga semanalmente entre 100 y 200 dólares, una fortuna para una madre soltera con otros tres hijos. Eso le garantiza protección a Santiago, un plato de comida y hasta un colchón. Los que no tienen quien les pague duermen en el suelo.
Fuente: EL PAÍS
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