En las agrupaciones políticas es obligatoria la disciplina de partido, que consiste en que cada miembro o “miembra” asuma de forma sumisa las decisiones que el Partido ha tomado en su nombre. Esta obligación es, a mí entender, una forma totalitaria de gobernar los partidos políticos, a la vez que despersonaliza a los componentes del mismo, no pudiendo expresarse como individuos, sino que son otros los que deciden su opinión y su voto.
Gracias a esta servidumbre, sus altos cargos se ven recompensados, entre otras prebendas, con unos elevados sueldos y una sustanciosa jubilación en la que un diputado o senador tiene que estar sólo siete años en el cargo para optar a la pensión máxima, mientras que un militante de base, un trabajador autónomo o por cuenta ajena necesita 35 años cotizados.
Lo que a mi me parece extraño es que todo el mundo acepte, sin escandalizarse, estas normas 'partitocráticas' de juego de forma natural, sin que nadie de muestras de rechazo a tan reprobable, como injusto y poco democrático proceder.
Esta permisiva línea de actuación se transforma en un agresivo e intransigente rasgado de vestiduras, cuando es la Iglesia la que entra en acción, analizando u opinando sobre algunas de las decisiones de estos 'vocacionales' políticos. Lo hemos podido constatar cuando la Conferencia Episcopal ha tomado parte en la Ley del Aborto. Estos estadistas disciplinados que aceptan todo lo que su partido los manda, se rebelan contra una institución religiosa, que en ningún momento obliga a nadie a pertenecer a ella, ni a seguir sus normas de régimen interno, liberando sus frustraciones de partido, atacando a quien ni si quiera los obliga a acatar su disciplina.
Entiendo que para estos políticos tampoco estaría de más que gastasen sus energías en solucionar esta crisis, en la que no nos ha metido la Iglesia, y que organizaciones, como Cáritas, La Cocina Económica o El Hogar del Transeúnte, con dinero de los propios católicos, está tratando de atenuar sin salir en los medios de comunicación poniéndose medallas, sino desde una perspectiva de servicio social.
Para mí lo realmente preocupante hubiese sido que la Iglesia no se hubiese manifestado ante esta grave y trascendente decisión que afecta a la vida de un ser inocente. Su silencio, en esta ocasión, habría representado una sumisión al poder político altamente perjudicial para su credibilidad.
A. José Salas Pérez-Rasilla
Gracias a esta servidumbre, sus altos cargos se ven recompensados, entre otras prebendas, con unos elevados sueldos y una sustanciosa jubilación en la que un diputado o senador tiene que estar sólo siete años en el cargo para optar a la pensión máxima, mientras que un militante de base, un trabajador autónomo o por cuenta ajena necesita 35 años cotizados.
Lo que a mi me parece extraño es que todo el mundo acepte, sin escandalizarse, estas normas 'partitocráticas' de juego de forma natural, sin que nadie de muestras de rechazo a tan reprobable, como injusto y poco democrático proceder.
Esta permisiva línea de actuación se transforma en un agresivo e intransigente rasgado de vestiduras, cuando es la Iglesia la que entra en acción, analizando u opinando sobre algunas de las decisiones de estos 'vocacionales' políticos. Lo hemos podido constatar cuando la Conferencia Episcopal ha tomado parte en la Ley del Aborto. Estos estadistas disciplinados que aceptan todo lo que su partido los manda, se rebelan contra una institución religiosa, que en ningún momento obliga a nadie a pertenecer a ella, ni a seguir sus normas de régimen interno, liberando sus frustraciones de partido, atacando a quien ni si quiera los obliga a acatar su disciplina.
Entiendo que para estos políticos tampoco estaría de más que gastasen sus energías en solucionar esta crisis, en la que no nos ha metido la Iglesia, y que organizaciones, como Cáritas, La Cocina Económica o El Hogar del Transeúnte, con dinero de los propios católicos, está tratando de atenuar sin salir en los medios de comunicación poniéndose medallas, sino desde una perspectiva de servicio social.
Para mí lo realmente preocupante hubiese sido que la Iglesia no se hubiese manifestado ante esta grave y trascendente decisión que afecta a la vida de un ser inocente. Su silencio, en esta ocasión, habría representado una sumisión al poder político altamente perjudicial para su credibilidad.
A. José Salas Pérez-Rasilla
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